Os habéis preguntado si la aplicación de la legislación vigente sobre la ZBE —Zona de Bajas Emisiones— acabará siendo otra de esas medidas bien intencionadas, pero convertida en una Zona de Burocracia Estancada, hasta que ya es demasiado tarde y alguien diga: “¿Cómo no lo vimos venir?”
Han pasado casi tres años desde su entrada en vigor (enero de 2023), y la sensación general es de desconexión entre la ley y la realidad. Ni los ayuntamientos ni la ciudadanía parecen haber interiorizado sus beneficios. De hecho, solo cinco municipios catalanes, entre ellos Barcelona —aunque sin éxito aparente— cumplen con los requisitos mínimos. Eso sí, la recaudación funciona como un reloj suizo.
Y mientras tanto, miles de ciudadanos que no pueden permitirse cambiar de vehículo quedan excluidos, generando una brecha entre quienes pueden adaptarse y quienes simplemente no tienen opción. ¿Medida ambiental o filtro económico?
El aire no miente. No entiende de normativas ni de titulares. Es como un espejo invisible que está empañado de contaminación que daña nuestras vías respiratorias.
¿Por qué Barcelona no ha logrado mejorar sustancialmente la calidad del aire con la ZBE?
Porque Barcelona es una ciudad con problemas estructurales que no se resuelven con pegatinas ambientales. Su ubicación geográfica (valle), su densidad de población, el tráfico portuario y urbano, su ineficaz red de transporte urbano e interurbano y su actividad industrial hacen que la ZBE sea sólo un parche. Un paso necesario, sí, pero insuficiente.
La pegatina no salva, no sustituye un transporte público eficaz, ni compensa la falta de planificación, ni limpia el aire por sí sola. Es solo eso: una pegatina. Y es que, paradójicamente, como demuestra el caso de Barcelona, las emisiones de los vehículos representan un porcentaje importante… pero no tanto. Según datos del INE —Instituto Nacional de Estadística— el gran volumen de las emisiones proviene de:
- Industrias como la manufacturera y la energética, especialmente aquellas que emplean energía térmica en sus procesos, como el cemento y el acero, con un peso económico que en algunas regiones supera incluso al del turismo. Podrían ser sustituidas por materiales sostenibles como la madera. Pero claro, ¿quién se atreve a cuestionar a los gigantes de nuestro PIB?
- Viviendas y estilo de vida. Todos queremos salvar el planeta… desde el sofá, con la calefacción encendida y el cargador enchufado. La sostenibilidad está muy bien, siempre que no implique renunciar a nuestras comodidades.
- Agricultura y ganadería. La contaminación por nitratos es uno de los principales problemas ambientales derivados de estas actividades. En diciembre de 2021, la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no tomar medidas suficientes contra la contaminación por nitratos, según informó Euronews.
- Transporte. En mayor medida el marítimo y el aéreo. Pero, ¿quién renuncia a sus vacaciones? ¿A ese vuelo «low cost» que nos lleva a respirar otro aire, aunque sea igual de contaminado?
Y lo más importante: ¿dónde están los informes públicos que evalúan el impacto real de las ZBE? ¿Quién mide su eficacia más allá de las multas? Porque si no hay transparencia, sólo queda una un acto de fe… ¿Es posible confiar cuando nuestro contexto habitual es la corrupción?
ZBE es el primer paso, para seguir el camino, hay que saber a dónde quieres ir – Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas. En nuestra hoja de ruta, debe incluirse la consciencia y la responsabilidad ambiental de la sociedad. Como ciudadanos, tenemos que reorientar nuestro estilo de vida, exigir alternativas reales y dejar de delegar por completo en la administración. Solo así conseguiremos beneficios reales: respirar aire más limpio, reducir enfermedades respiratorias y cardiovasculares, disminuir la contaminación acústica y mejorar la calidad de vida en entornos urbanos.
Aunque la ZBE se presenta como una medida ambiental, en la práctica su diseño, implementación y resultados podrian apuntar más a una lógica recaudatoria que a una transformación ecológica real.
Argumentos:
1. Desproporción entre sanciones y beneficios ambientales
¿Se han reducido significativamente los niveles de NO₂ y PM10 desde la entrada en vigor de la ZBE? ¿Existen informes públicos que demuestren mejoras sustanciales en la salud pública? Si no hay mejoras claras, ¿por qué se mantiene el régimen sancionador tan activo?
2. Falta de alternativas reales para la ciudadanía: ¿Se ha reforzado el transporte público antes de aplicar restricciones? ¿Se han ofrecido ayudas suficientes para renovar vehículos? ¿Se han contemplado excepciones para colectivos vulnerables?
3. Opacidad en la gestión y evaluación: ¿Dónde están los informes de impacto? ¿Quién fiscaliza el uso de los ingresos por sanciones? ¿Se reinvierten en mejoras ambientales o en transporte público?
4. Comparación con otras fuentes de contaminación. Si el transporte urbano no es la principal fuente de emisiones, ¿por qué se focaliza ahí? ¿Se aplican medidas similares a la industria, el transporte marítimo o aéreo?